Quincenario OPCIÓN 'de los ecuatorianos por la verdad'
Medio de Comunicación Alternativo
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Ley de Comunicación: otro proyecto, la misma intención

02 Mar 2012 
POR Fran klin Falconí
 
La ley se aplicará no solo para los medios tradicionales sino también para la internet.


 La Ley de Comunicación, seguramente ésta sí la última versión, salió ya amasada desde las oficinas de Alianza País en la Asamblea, pero  aún no está horneada en Carondelet,
así que todavía falta ver qué sabor tendrá, y qué precio deberemos pagar los ecuatorianos por ella. 


En algunos aspectos han mejorado, al menos en el discurso, pero la esencia sigue estando ahí: la Ley crea una institución pública, que en realidad será como un nuevo poder del Estado (¿el sexto?), para controlar y sancionar no solo la actividad periodística y a los medios, sino lo que cualquier persona o colectivo pueda hacer en el ejercicio de su derecho humano a comunicarse. Para entrar ya en materia de artículos, el tema de las plataformas tecnológicas de los medios es un cambio en este último proyecto Andino. El Artículo 4 define a los medios de comunicación como “empresas u organizaciones públicas, privadas o comunitarias que prestan el servicio público de comunicación masiva usando como herramienta cualquier plataforma tecnológica”. Y más adelante, en el Artículo 9 se aclara: “Para efectos de esta ley la plataforma tecnológica está constituida por el sistema informático y la infraestructura tecnológica que usan los medios de comunicación para generar y difundir su señal de audio, de vídeo y/o sus publicaciones”. Es decir, la ley se aplicará no solo para los medios tradicionales: radio, prensa escrita y televisión, sino también para la internet, ¿o alguien duda que esta plataforma usa todo eso que ahí se menciona: sistema informático, señal de audio, video y/o publicaciones?



Otro aspecto nuevo incorporado a la ley, y que ha causado una agria polémica en algunos escenarios de debate, es el referido a los principios deontológicos de la comunicación. Hay que aclarar que cuando se habla de deontología se parte del supuesto de que existen principios universales que norman o rigen la moral y la ética de las personas al ejercer una profesión, por sobre los intereses y disputas de las clases. Y aunque es real que en términos generales deberían establecerse ciertos parámetros de lo que se debe y no se debe hacer con una profesión, no se puede uniformar del todo el comportamiento o las motivaciones que una persona pueda tener al ejercer su profesión, por sobre los intereses ideológicos o de clase. Mucho más en la comunicación, en la que no solo se maneja información, sino también ideas, sentidos.


El Artículo 10 del proyecto legaliza, da sustento, a la línea gubernamental de presión, hostigamiento y sanción a los periodistas y a quienes se oponen al poder. Sostiene, entre otras cosas, que los medios deben: “Abstenerse de difundir opiniones que mediante el descrédito, menosprecio o humillación a los miembros de un colectivo racial, étnico, sexual, religioso, clase social, posición política, o similares que contribuyan a un clima social de hostilidad contra aquellas personas que formen parte del colectivo afectado”. El “descrédito” puede surgir de la información hasta sin la previa intención de quien la emite. Alguien que muestra una mala jugada de un futbolista, pese a estar solo informando, estaría generando un descrédito a aquel deportista. Mucho más si se incluye una prohibición al descrédito a personas con determinada “posición política”. ¿Quién en política no está sometido al descrédito de parte de sus adversarios? ¿Cómo reportan los medios la política si no hacen referencias a estos “descréditos” de unos y otros?



El Artículo 21 demuestra el grado de presión que puede generarse sobre los medios y quienes informan u opinan a través de ellos. Se sostiene que la responsabilidad ulterior “es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los medios de comunicación, todo tipo de contenido que lesione los derechos humanos y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley”. La clave está en saber qué puede significar “la seguridad del Estado” para un organismo que seguro llegará a tener el dominio del Ejecutivo, recordemos lo que sucedió el 30 de septiembre.


Y en el literal k del Artículo 10 “sobre las prácticas de los medios de comunicación social”, se obliga a los medios a: “Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan.” Es decir, se los hace susceptibles de una sanción como a El Universo. Un aspecto realmente grave está contenido en el Artículo 28, que habla sobre la libertad de información: “Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido”. La clave está en la frase “o el mantenimiento del orden constituido”. 

El gobierno podría decir que la marcha del 8 de marzo, por ejemplo, pretende atentar contra el orden constituido, y por ello prohibir la información al respecto. Es más, Correa ya lo ha dicho, esta movilización tendría propósitos desestabilizadores, y supuestamente es parte del “plan revancha” que ha venido denunciando. Es decir, con esta ley podría prohibir su cobertura periodística. Y si por si acaso queda duda de la intención que hay detrás de esta ley, el Artículo 71 dice: “Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal…” La marcha, como sabemos, no se  hace con la autorización del Estado, ningún acto de resistencia, como derecho humano básico, depende de esos  permisos.


Estos, entre otros aspectos, son los riesgos detrás de la aprobación de la ley; sin embargo, mucho se ha ganado hasta ahora, el régimen ha comprendido que los medios comunitarios o alternativos no pueden dejar su esencia: luchar contra el poder burgués, por más leyes represivas que se impongan. La lucha por conquistar el derecho
a la comunicación para los pueblos sigue vigente.
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VENDEDORES AUTONOMOS RECLAMAN: CAPACITACION PARA TODOS, PERMISOS PARA TODOS, TODOS A LA REGULARIZACION…

02 Mar 2012 










POR PABLO SALAZAR ORTIZ

 

Desde las 09h00 de ayer, los vendedores físicos, ambulantes y autónomos del Distrito Metropolitano de Quito, se movilizaron en demanda del derecho al trabajo, al libre comercio, e igualdad de oportunidades para todas las asociaciones y federaciones. Se movilizaron por las principales avenidas del centro histórico de Quito, hasta llegar al
municipio, lo que no pudo ser ya que un cerco policial los repelió con gas pimienta. Los vendedores trataron de sobrepasar el cerco y llegar a las inmediaciones del municipio, por lo que se llegó a un acuerdo entre dirigentes, fuerza pública y autoridades: un dirigente de cada federación y asociación ingresó al municipio para poner sus peticiones sobre la mesa de discusión. Este grupo, encabezado por Víctor Sánchez, coordinador Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE), se dirigió a sus compañeros para informarles que las autoridades los recibirían y que aguarden hasta saber los resultados.



Luis Alvarado, presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes de Artículos Varios en la Transportación Interprovincial y Urbana (APECOVAV), manifestó: “que nos dejen trabajar en paz, supuestamente el Municipio está regularizando, está capacitando, está
entregando un chaleco, está entregando una credencial para poder laborar tranquilamente en el Distrito Metropolitano de Quito, pero nos ven con el chaleco y nos dicen: señor, usted no puede entrar al terminal. Entonces, de qué regularización estamos hablando, supuestamente nosotros ya tenemos el chaleco, la credencial, tenemos derecho a trabajar donde nosotros queremos, terminales interprovinciales, urbanos, los transportes municipales como son el trole, los alimentadores interparroquiales, pero esto no sucede. Se está violentando el derecho al trabajo autónomo, y eso no lo vamos a permitir, ya que los administradores del terminal nos botan a la policía metropolitana, a los guardias privados de la administración Quitumbe, a la Policía Nacional, desprestigiándonos, diciendo que nosotros somos ladrones a los señores pasajeros, y eso está mal (…) Lo que nosotros más luchamos es porque nos
permitan trabajar, que nos dejen en paz, por el hecho de que ya estamos regularizados por el alcalde.”



A las 13h30, hora en la que salieron los dirigentes del municipio, Sánchez manifestó a las bases: “no vamos a caer en la provocación, no vamos a ceder ante las actitudes divisionistas del alcalde y sus funcionarios. Hemos logrado imponernos a las intenciones divisionistas del gobierno, compañeros, a contramarchas con las que querían
confrontarnos, a los temores de dirigentes que llamaban para que no salgan a la marcha. Lo hemos logrado compañeros, con madurez organizativa, como nos enseñara Jaime Hurtado: luchar en las calles y luchar en los salones donde están las autoridades (…) Esto nos ha permitido establecer, desde la próxima semana, un cronograma de reuniones para que cada una de las asociaciones sea atendida, pero que no sea un dialogo donde nos reciban, nos escuchen y chao, sino que sea un dialogo que concluya en una resolución definitiva a los problemas de cada una de las asociaciones y de cada uno de los comerciantes: capacitación para todos, permisos para todos, ¡todos a la regularización!”



La movilización de los comerciantes se produce en un contexto de preparativos que las organizaciones populares realizan para una gran macha nacional que se inicia el 8 de marzo y concluye el 22, en la ciudad de Quito.


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Este primero de marzo los comerciantes se movilizan para exigir se cumplan compromisos y debate de ordenanza‏

29 Feb. 2012 
Carlos Castellanos, Presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha FEDECOMIP, dio a conocer los comerciantes minoristas se movilizaran para exigir el cumplimiento de los compromisos realizados en varias reuniones con autoridades municipales. Esta movilización ha sido convocada para este jueves 1 de marzo, a partir de las 09h00. La marcha partirá desde la Av. 10 de agosto y Bogotá.

 

Según dirigentes de los Comerciantes Minoristas han manifestado que su movilización tiene razones de peso pues se han violentando sus derechos y se deja de lado sus opiniones frente a los problemas que los aquejan, entre los motivos que los ha convocado a movilizarse están: Exigir el cese a la persecución y acciones de división e instigación por parte de funcionarios municipales a las organizaciones de trabajadores autónomos, que se acojan las observaciones planteadas por diversas organizaciones de trabajadores autónomos sobre el Proyecto de Ordenanza de Desarrollo Integral y Regulación de los Trabajadores Autónomos en Quito que debe contar con informe para 2el segundo debate en el pleno del Concejo Metropolitano y terminar así con las multas exageradas, los decomisos, retenciones o desalojos que continúan realizándose inconstitucionalmente en Quito, que se entreguen las credenciales de autorización y uniformes a los comerciantes minoristas que han sido capacitados por parte del Municipio, que se establezca un nuevo cronograma para todos aquellos comerciantes que aún no han sido capacitados, que se concreten los acuerdos entorno a los proyectos de comercialización del Playón de La Marín, la Floresta, Carcelén, entre otros, las ofertas de campaña sobre vivienda, educación, créditos, seguridad, mobiliario, promoción de ferias, entre otras, que se rectifique la decisión de construir el mercado en el sitio no funcional ni comercial, sin estudios de factibilidad comercial, en donde solo funciona el actual mercado 6 horas a semana en el Comité del Pueblo, y que hace caso omiso a los pedidos de los comerciantes y de la mayoría de la comunidad, por más de 6 años. Carlos Castellanos dirigente de los comerciantes señaló que: “únicamente se han entregado menos de 500 uniformes y que el universo de comerciantes en el Distrito Metropolitano de Quito supera los 20000. En lugar de reprimir e instigar la división de las organizaciones, deberían generar condiciones dignas de trabajo”. Carlos Castellanos destacó que los comerciantes sí quieren pagar por el uso del espacio público.

 

La Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha (FEDECOMIP) propuso la creación del Fondo de Desarrollo del Trabajador Autónomo con un aporte anual del presupuesto municipal, el pago de las multas por el mal uso del espacio público y el pago único anual de los comerciantes por el uso de este. Este rubro contribuirá al financiamiento de planes, programas, proyectos y estímulos, para generar estabilidad y sostenibilidad del trabajo autónomo.

 

Con lo cual, se estará contribuyendo eficaz y eficientemente al combate a la inseguridad, mediante la vía estructural de la generación de trabajo, empleo y productividad. Castellanos concluyó que el 14 de marzo, acudirán con una movilización de delegados de todo el país, a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de Ley de Defensa de los Trabajadores Autónomos, toda vez que ha transcurrido un año desde que les fuera vetado por el Presidente Correa.

 

Servicio Informativo OPCIÓN

 
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Razones de la Unión Nacional de Educadores para la movilización del 8 de marzo

28 Feb. 2012 

Los maestros a través de un comunicado de prensa denunciaron una serie de medidas adoptadas por el gobierno para amedrentar amedrentarlos, puesto que se movilizarán este 8 de marzo para la entrega de las 70 mil firmas para reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural.


Frente a las movilizaciones del 8 de marzo el gobierno toma medidas para frenar la movilización de los sectores sociales a nivel nacional. Esta mañana Mariana Pallasco, presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores hizo pública una denuncia a través de un comunicado de prensa en el que señala que se pretende utilizar y amedrentar a los maestros contratados con la finalidad que asistan a las manifestaciones convocadas por el régimen.

 

A través de una serie de medidas y políticas que van en contra de la estabilidad laboral del magisterio se denunciaron varios abusos como: el incremento de 30 minutos en la jornada laboral, la disminución del derecho a gozar de vacaciones según el régimen escolar, la expedición del Acuerdo Ministerial 179 con el cual se intervienen las instituciones educativas para reprimir a los docentes, amenazas a los docentes que firmen el formato de la UNE para la reforma a la LOEI con destitución, solicitudes a docentes bajo la modalidad de contrato que presenten la libreta de ahorros personal para verificar que no están aportando a la UNE o ser afiliados a la UNE.


El gremio del magisterio, ha manifestado que estas son algunas de las razones por las cuales la UNE, se movilizará el jueves 8 de marzo a las 15:30 en el ‘Parque del Arbolito’. Esta movilización se dirigirá a la Asamblea Nacional Legislativa para la entrega de 70 mil firmas recolectadas en durante trabajo nacional de 3 meses; en defensa de la Jornada Pedagógica y para oponerse al autoritarismo, prepotencia y abuso de poder por parte del gobierno.


Servicio informativo OPCIÓN

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Este 8 de marzo la capital se inundará‏

27 Feb. 2012 

Los sectores populares de los distintos rincones del Ecuador se movilizarán, este 8 de marzo, desde la provincia de Zamora Chinchipe hacia la ciudad de Quito, en defensa de la vida, el agua, la tierra, la educación y las libertades democráticas. Varias movilizaciones provinciales acompañarán a esta gran marcha unitaria de los pueblos.


El presidente del Frente Popular, Paúl Velázquez, manifestó que las organizaciones sociales han resuelto convocar este 8 de marzo -en medio de la conmemoración del día internacional del día de la mujer- a la marcha por la vida, la defensa del agua, la tierra y la soberanía. Velázquez dijo que: “Esto permitirá reafirmar las fuerzas de todos los sectores sociales descontentos y exigir cambios verdaderos en el país. La marcha permitirá dar al pueblo ecuatoriano una solución verdadera a los problemas sociales de nuestro país, sobre el tema de la minería, el agua y el petróleo”.


Las organizaciones que forman parte del Frente Popular han presentado una plataforma de reivindicaciones de cada sector, como en el caso de la Unión Nacional de Educadores (UNE): las reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) el tema del libre ingreso y las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES); en el caso de los comerciantes las reformas a la Ley del Trabajo Autónomo, entre otras. Cada organización se adherirá además a la defensa del agua y la oposición a la explotación minera a gran escala, la exigencia de una reforma agraria, la oposición rotunda a la criminalización de la lucha social, la defensa de la democracia y de la Constitución de Montecristi, que impulsan las organizaciones que participarán en estas acciones unitarias.


Más de 30 organizaciones participarán de esta gran movilización, entre ellos ecologistas, maestros, estudiantes, trabajadores, comerciantes. La convocatoria se ha ampliado a todos quienes defiendan la dignidad y la vida de los pueblos del Ecuador.
El 8 de marzo, la marcha saldrá desde Pangui, en Zamora, y avanzará hasta Quito. Esta marcha recorrerá la Sierra centro y la intención es que llegue el 22 de marzo a la capital.


“A pesar de que el gobierno nos tache de desestabilizadores y convoque a una marcha paralela este 8 de marzo, los maestros se movilizarán para entregar las 200 mil firmas para la reformas a la ley intercultural, y habrá una serie de movilizaciones en las provincias que demostrarán su oposición a las políticas del gobierno, que van en contra de los pueblos del Ecuador”, sostuvo Paúl Velázquez.

 

Servicio Informativo OPCIÓN 

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